La pérdida de una vida humana es, per se, un hecho condenable desde cualquier perspectiva.
Y más aún cuando esa cesación de la existencia es provocada por alguien que, no por odio sino por dinero, arrebata la vida de otro ser humano de manera tan atroz como ocurrió en días pasados en el municipio de Uruapan, Michoacán, con el edil Carlos Manzo, cobardemente asesinado durante un acto público y ante la mirada inocente de sus pequeños hijos.
Sin embargo, el encono social no debe traducirse jamás en actos violentos. México es, ante todo, un país de leyes, y bajo cualquier circunstancia debe prevalecer el Estado de Derecho.
No olvidemos que la conformación y consolidación de las instituciones públicas encargadas de procurar y administrar justicia han costado —a lo largo de los siglos— mucha sangre y sacrificio al pueblo mexicano.
Desde aquellos cardenales que debatían en los concilios eclesiásticos si los “indígenas” —como despectivamente llamaban a los pueblos originarios de Mesoamérica— tenían o no alma, para justificar un trato cruel hacia ellos, negándoles su condición humana y reduciéndolos a simples cosas.
O como ocurrió en el siglo XIX, en Maravatío, Michoacán, donde un sacerdote se negó a inhumar en campo santo el cuerpo de un humilde hombre cuya familia no podía pagar los derechos eclesiásticos. Al preguntarle qué debían hacer con el cadáver, el cura respondió con desprecio: “Sáquenlo… y cómanselo.”
Ante escenarios así, México se erigió como una República Democrática, Representativa y Popular, que tras décadas de guerras civiles logró consolidarse como un auténtico Estado Democrático de Derecho.
La libertad de reunión y de manifestación son derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; sin embargo, las expresiones de descontento social jamás deben trastocar el orden público ni vulnerar los derechos de terceros.
Por ello, las pesquisas para esclarecer este crimen atroz deben conducirse conforme a la normatividad vigente, a fin de presentar ante la justicia a todos los responsables, sin importar quiénes sean ni de dónde provengan.
La aplicación de la ley sin distingo alguno es, precisamente, el sello distintivo de este segundo piso de la Cuarta Transformación.
El combate a los grupos de la delincuencia organizada debe continuar, pero con una estrategia clara y firme, utilizando toda la fuerza del Estado en su contra.
Primero, cortando sus vías de financiamiento y la posibilidad de blanquear capitales ilícitos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Después, mediante el aseguramiento de cargamentos de estupefacientes y la destrucción de narcolaboratorios en distintas regiones del país.
Los resultados están a la vista. El trabajo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es palpable, medible y constatable.
Por el contrario, los articulistas, comentócratas y concesionarios de medios que lanzan diatribas contra el Gobierno de la República no buscan justicia, sino sacar raja política de la tragedia para satisfacer sus aviesos intereses.
¿Acaso se les olvida cómo Felipe Calderón decía combatir a los cárteles mientras su secretario de Seguridad Pública trabajaba para uno de ellos?
¿En serio el tristemente célebre “Comandante Borolas” ignoraba lo que hacía su propio subordinado?
Por eso, el gesto de nuestra Presidenta al salir de Palacio Nacional y caminar hacia las oficinas de la SEP es una muestra inequívoca de su legitimidad democrática y un mensaje claro al mundo: en México no reina la violencia, sino la paz y el Estado de Derecho.
Ese acto también envía un mensaje contundente a algunos gobernadores y funcionarios que se desplazan en camionetas blindadas rodeados de escoltas, mientras la Titular del Ejecutivo Federal, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas y representante del Estado Mexicano ante el mundo, camina a pie, cobijada por su pueblo, el mismo que le otorgó su plena confianza.
Ello, pese al lamentable y condenable acto de acoso que sufrió por parte de un sujeto intoxicado, ya puesto a disposición de las autoridades competentes.
Hoy más que nunca es momento de cerrar filas en torno a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.
No permitamos que un grupo de carroñeros pretenda obtener prebendas o dividendos políticos a raíz de una tragedia.
¡El pueblo de México es uno solo con su lideresa!
