Autoridades estatales investigan a notarios por presunto despojo de inmuebles con apoyo de funcionarios judiciales

Gabriela García Guzmán
El Gobierno de Puebla inició un proceso de investigación contra alrededor de 10 notarías que presuntamente formarían parte de una red dedicada al despojo ilegal de propiedades, conocida como el “Cártel del Despojo”, la cual habría operado con la posible intervención de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado. Así lo informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
Según explicó el funcionario, las primeras indagatorias apuntan a que estas prácticas irregulares consistían en la alteración de la titularidad de predios sin el consentimiento de sus propietarios legítimos, a través de un esquema de corrupción que utilizaba de manera indebida la fe pública notarial y resoluciones judiciales fuera de la ley. Las notarías bajo revisión se ubican tanto en la zona metropolitana como en diversos municipios del interior de la entidad.
García Parra señaló que los casos más delicados se concentran en San Pedro Cholula; sin embargo, aclaró que el problema se ha identificado también en otras regiones del estado, lo que evidencia la amplitud de estas prácticas.
El coordinador de Gabinete subrayó que uno de los aspectos más graves detectados es la presunta participación de integrantes del Poder Judicial, quienes habrían facilitado o validado los procedimientos necesarios para consumar los despojos patrimoniales.
El área jurídica del gobierno estatal se encuentra actualmente integrando los expedientes correspondientes con el objetivo de deslindar responsabilidades y proceder legalmente contra todas las personas involucradas. Indicó que las auditorías realizadas permitieron detectar vínculos operativos que afectaron directamente el patrimonio de las y los poblanos.
“Este año se dio inicio a una investigación formal y ya se han identificado notarías con diversas irregularidades. En algunos casos existen indicios de la participación de jueces e incluso de magistrados”, puntualizó.
Este contexto, añadió, refuerza la necesidad de avanzar en la reforma al Poder Judicial del estado, programada para 2027, cuando se prevé la renovación de cerca de 180 cargos entre jueces y magistrados. En este sentido, fue enfático al afirmar que no se revertirán las cancelaciones ni los retiros de patentes notariales realizados en administraciones anteriores.
Asimismo, descartó cualquier posibilidad de restituir registros a notarios que hayan sido sancionados por irregularidades, al enfatizar que el Ejecutivo estatal no permitirá el regreso de prácticas que dieron lugar a abusos contra la ciudadanía.
De manera paralela, García Parra informó que el gobierno estatal trabaja en la elaboración de una nueva Ley del Notariado para Puebla, la cual será presentada en próximas fechas. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar el sistema notarial mediante la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la transparencia y la implementación de mayores controles que garanticen certeza jurídica en las operaciones patrimoniales.
“La meta es iniciar una nueva etapa del sistema notarial en Puebla, sin reproducir las malas prácticas del pasado y con trámites más claros, accesibles y confiables para la población”, expresó.
La propuesta legislativa contempla además mecanismos permanentes de supervisión y fiscalización, así como una revisión profunda de los procedimientos notariales, con el fin de blindar cualquier movimiento de propiedad contra falsificaciones o actos dolosos.
Finalmente, García Parra adelantó que en la segunda quincena de enero se dará a conocer un informe detallado sobre los hallazgos de la investigación. Con base en dicha información, se presentarán las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.