Gabriela García Guzmán.
Con el objetivo de fortalecer el orden y la legalidad en el servicio de transporte público, el Gobierno del Estado puso en marcha una nueva etapa del plan de regulación y modernización del sector, que contempla la aplicación estricta de la normatividad vigente y acciones permanentes de supervisión en todo el territorio poblano.
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que desde este día se desplegarán operativos de verificación en puntos estratégicos, priorizando las zonas donde se concentran mayores incidencias y reportes de irregularidades. Estas acciones se realizarán de manera constante y focalizada para garantizar un servicio seguro y conforme a la ley.
La funcionaria recordó que las y los concesionarios tuvieron amplias oportunidades para regularizar sus unidades, ya que se otorgaron facilidades inéditas como incentivos fiscales, asesoría directa y acompañamiento institucional, además de recorridos por todo el estado para asegurar la inclusión de todos los prestadores del servicio. En ese contexto, advirtió que ya no habrá ampliaciones de plazo ni excepciones para quienes incumplan.
Precisó que las unidades que circulen sin placas vigentes, con documentación incompleta o fuera de la norma serán sancionadas conforme a la ley. Asimismo, explicó que quienes acudan de manera voluntaria ante la dependencia enfrentarán sanciones menores, mientras que aquellos detectados durante los operativos se harán acreedores a multas más elevadas e incluso a la revocación de la concesión.
Tanús Osorio aclaró que estas medidas no se aplicarán a los concesionarios y permisionarios que realizaron la cesión de derechos conforme al marco legal y cuyos trámites se encuentran en la etapa final de revisión, ni a quienes ya entregaron su documentación para acceder al programa de modernización del transporte público, el cual contempla apoyos del 20 por ciento a fondo perdido y dispone de una bolsa de 200 millones de pesos, autorizada por instrucción del gobernador Alejandro Armenta.
La secretaria reiteró que la finalidad de estas acciones no es perjudicar al sector, sino ordenar y renovar el sistema de transporte para elevar la calidad del servicio en beneficio de las y los usuarios. Subrayó que existe disposición para evitar la pérdida de concesiones, pero recalcó que quienes no se regularicen deberán asumir las consecuencias legales correspondientes.
Finalmente, señaló que la Secretaría brindará atención individual a quienes deseen continuar prestando el servicio público y dejó en claro que no se atenderán grupos de presión, falsos representantes ni prácticas de extorsión. Añadió que el proceso permitirá depurar el padrón, retirar de circulación unidades obsoletas y erradicar prácticas que ponen en riesgo a la ciudadanía, por lo que llamó a la comprensión y apoyo de la sociedad para avanzar hacia un transporte más seguro, ordenado y eficiente.
