Actualmente, la legislación procesal civil en nuestra entidad prevé la figura del divorcio incausado, mediante la cual cualquiera de los cónyuges puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial de manera ágil, sin necesidad de exponer causa alguna. Se trata de una conquista jurídica que reconoce la libertad personal y la autonomía de quienes deciden poner fin a una relación que ya no cumple con su propósito.
Sin embargo, no siempre fue así.
Durante buena parte del siglo XIX, las leyes civiles mexicanas reflejaban con claridad la estructura profundamente patriarcal de la sociedad. El matrimonio era considerado una institución prácticamente indisoluble, y cuando la ley permitía la separación, lo hacía bajo criterios abiertamente desiguales entre hombres y mujeres.
En ese contexto ocurrió uno de los episodios más reveladores de la historia jurídica y social del país.
Tras concluir su primer mandato presidencial, Porfirio Díaz dejó el poder —al menos formalmente— a su cercano aliado Manuel González Flores, quien ocupó la Presidencia de la República entre 1880 y 1884. González era conocido en los círculos políticos y sociales de la época por su vida personal marcada por constantes relaciones extramaritales.
Su esposa, Laura Fernanda Arteaga y Mantecón, provenía de una familia acomodada y poseía una sólida educación académica. Era una mujer culta, crítica y con opinión propia sobre los asuntos públicos. Precisamente por ello incomodaba a su esposo, quien solía recordarle que esas —según la mentalidad dominante de la época— eran “cosas de hombres”.
Pero Laura Fernanda no estaba dispuesta a aceptar en silencio la humillación.
Cansada de las infidelidades de su marido —quien incluso tuvo hijos con varias de sus amantes— decidió hacer algo que, para una mujer del siglo XIX, era prácticamente impensable: demandar el divorcio por infidelidad.
La ley no estaba de su lado. Las normas vigentes establecían una desigualdad evidente: si el esposo solicitaba el divorcio por adulterio de su mujer, bastaba su palabra para que el proceso prosperara; en cambio, si era la esposa quien demandaba por infidelidad del marido, debía demostrar que ésta había sido manifiesta y escandalosa.
En otras palabras, el sistema jurídico estaba diseñado para proteger el privilegio masculino.
Aun así, Laura Fernanda decidió enfrentarlo.
Con prácticamente todo el aparato político y judicial en su contra, sostuvo un proceso largo, complejo y socialmente costoso. Finalmente logró separarse del hombre que había hecho de su matrimonio un espacio de agravio permanente.
Pero la sociedad de finales del siglo XIX no estaba preparada para aceptar a una mujer divorciada. La sanción social fue brutal. Laura Fernanda Arteaga y Mantecón terminó sus días en condiciones de pobreza y aislamiento.
Sin embargo, conservó lo más importante: su dignidad.
Su historia no sólo representa uno de los primeros precedentes de divorcio impulsados por una mujer en México, sino también un recordatorio de la valentía de quienes, incluso frente a leyes injustas y estructuras de poder profundamente desiguales, decidieron reclamar su derecho a vivir con respeto.
Hoy, más de un siglo después, el derecho mexicano ha avanzado de manera significativa. Los juzgadores están obligados a aplicar la perspectiva de género, precisamente para evitar que la ley reproduzca las desigualdades históricas que durante tanto tiempo limitaron la libertad y la autonomía de las mujeres.
Recordar historias como la de Laura Fernanda Arteaga y Mantecón no es un simple ejercicio de memoria histórica.
Es reconocer que muchos de los derechos que hoy parecen normales fueron conquistados por mujeres que se atrevieron a desafiar el orden establecido.
Y gracias a ellas, el derecho también aprendió a mirar con justicia.
