Durante más de tres décadas en la judicatura local, quien esto escribe ha visto de todo: expedientes que envejecen mejor que algunos vinos… y juicios que, sencillamente, no terminan nunca.
Procesos que se arrastran por veinte años —o más—, atrapados en un laberinto de formalismos escritos, trámites innecesarios y un aparato judicial que, con frecuencia, parecía moverse a ritmo de tortuga… con reuma. No es exageración: aún hoy subsisten asuntos iniciados hace más de veinticinco años que siguen pendientes de resolución.
Ese era, hasta hace poco, el paisaje.
Afortunadamente, el cambio ha comenzado. La promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares marca un parteaguas: deja atrás el culto casi ritual a la promoción escrita y apuesta por la oralidad como herramienta para acelerar, simplificar y humanizar la justicia.
La implementación, es cierto, será gradual. Pero ya hay señales claras de que el modelo funciona. El primer estado en aplicarlo fue Baja California, y hace apenas unos días, en el Juzgado de Oralidad Familiar de Playas de Rosarito, ocurrió algo que hace no mucho habría parecido impensable: un divorcio resuelto en diecisiete minutos.
Sí, diecisiete.
En una sola audiencia final, se disolvió el vínculo matrimonial por mutuo acuerdo, se dictó sentencia en el acto y se giraron los oficios correspondientes al Registro Civil. Sin dilaciones. Sin rodeos. Sin ese interminable desfile de escritos que durante años convirtió lo simple en complicado.
La audiencia fue presidida por la jueza Nubia Rivera Patiño, y no se trató de un trámite superficial. El propio artículo 666 del nuevo ordenamiento establece que, cuando hay menores de por medio, la defensa debe ser técnica y especializada, garantizando una resolución con perspectiva de género y, sobre todo, protegiendo el interés superior de la niñez.
Es decir: rapidez, sí… pero con rigor.
El contraste es inevitable. Mientras en algunas entidades del país la justicia empieza a medirse en minutos, en otras aún se contabiliza en décadas.
Puebla tiene, en este rubro, una tarea pendiente. No menor. Porque la justicia que llega tarde no es justicia… y la que nunca llega, es otra forma de negarla.
Diecisiete minutos no son sólo una anécdota: son una señal de hacia dónde debe avanzar el sistema judicial mexicano. Y también, por qué no decirlo, un recordatorio incómodo de lo mucho que aún falta por hacer.
