• Seis directores de Seguridad Pública, dos alcaldes y un exedil permanecen presos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada en Puebla.
José Moctezuma.
La casa nunca se limpia de afuera hacia adentro. Quien intenta sacudir el polvo desde la entrada, sin cruzar la puerta, solo consigue mover la suciedad de un rincón a otro; jamás logra sacarla. Limpiar de verdad exige entrar, levantar los muebles, retirar lo que solo estorba y aceptar que el mayor cúmulo de mugre suele estar donde menos se quiere mirar: puede estar en el clóset propio, en la oficina contigua o en el uniforme de quien se supone debe cuidar el orden.
La llamada Operación Enjambre en Puebla no es un golpe mediático ni una redada improvisada para la fotografía. Es una estrategia de inteligencia diseñada para desarticular las redes de protección institucional que, durante años, permitieron que funcionarios locales —alcaldes, regidores, mandos policiacos y directores de Seguridad Pública— operaran como bisagra entre el poder público y la delincuencia organizada.
El resultado es contundente: dos alcaldes, un exalcalde y seis directores de Seguridad Pública permanecen en prisión, todos bajo investigación por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada y con poderosos cárteles.
El término «Enjambre» alude precisamente a la forma en que las autoridades buscan desmantelar las redes criminales incrustadas en los gobiernos municipales. Se trata de un despliegue rápido, simultáneo y coordinado en distintos frentes para atacar y extraer la red de corrupción desde su colmena, es decir, desde el centro de su operación.
El 14 de julio, seis directores de Seguridad Pública municipal fueron detenidos de manera simultánea en distintas regiones del estado, principalmente en la Sierra Norte y la Mixteca, señalados por sus presuntos nexos con la protección y el encubrimiento de narcolaboratorios, así como con redes de complicidad con el crimen organizado. Al momento de su captura estaban uniformados, armados, con equipo oficial de radiocomunicación y ejerciendo funciones que el Estado les había confiado. El operativo fue quirúrgico: cayeron sin un solo disparo, lo que evidencia un trabajo de inteligencia, sigilo y coordinación. Esta vez no hubo pitazos ni filtraciones; las autoridades contaban con los mapas, las ubicaciones y las rutas necesarias para ejecutar el aseguramiento de los mandos policiacos municipales.
Los seis directores de seguridad pública municipal son investigados por su presunta participación en una red de protección criminal, así como por abuso de autoridad y en cubrimiento a carteles.
Los jefes policiacos encarcelados de la mixteca son: David «N» de Chietla, Gonzalo «N» de Tehuitzingo, José Santiago «N» de Chila de la Sal, Manuel «N» de Jopala, Ángel Miguel «N» de Tlaola y Evencio «N» de Tlapacoya.
Los capturados en la sierra norte: Ángel Miguel N, Director de Seguridad Pública de Tlaola. Evencio N, Director de Seguridad Pública de Tlapacoya. Manuel N, Director de Seguridad Pública de Jopala y Andy N, Director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, este último se encuentra prófugo con orden de aprehensión vigente.
No se trata de un caso aislado. Los hermanos González Vieyra —Uruviel, Giovanni y Ramiro, exalcaldes de tres municipios poblanos— enfrentan desde hace meses procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y vínculos con la delincuencia organizada. Las investigaciones apuntan a una estructura criminal que habría sido consolidada con la complicidad de distintos funcionarios de los tres órdenes de gobierno durante muchos años.
En otros gobiernos sobraban los pretextos. La respuesta para los ciudadanos era siempre la misma: «no hay pruebas», «son procesos complejos» o «hay que esperar a la Fiscalía». Hoy, mientras el aparato de seguridad estatal asume el control operativo de corporaciones municipales completas, ese argumento de que no había delitos que perseguir se derrumba por sí solo. La prueba de que sí se podía actuar es que hoy todos ellos están presos.
Ninguna operación de esta naturaleza está exenta de riesgos ni debe interpretarse con ingenuidad. Barrer hacia adentro incomoda: remueve complicidades, exhibe intereses y tensiona relaciones políticas.
La ciudadanía exige que el proceso no se quede en los mandos medios; también espera que el barrido alcance los pisos superiores, que la Fiscalía General del Estado sostenga cada expediente con el mismo rigor con el que anunció cada detención y que «limpiar la casa» no termine convertido únicamente en un eslogan.
La escoba ya está adentro. Ahora falta comprobar si el barrido llegará hasta el último rincón o si, como ha ocurrido tantas veces en la historia reciente de este país, se detendrá justo antes de abrir la puerta que más incomoda.
Nos leemos pronto.
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