Hay golpes que se reciben en un ring y otros que se lanzan desde una pantalla. Los primeros tienen reglas, réferi y campana; los segundos suelen llegar desde el anonimato, sin guantes y sin asumir responsabilidad. Gabriela Sánchez Saavedra, “La Bonita”, parece estar enfrentando ahora los segundos.
En las últimas semanas comenzaron a circular videos, publicaciones y señalamientos que cuestionan desde su estado de salud hasta su patrimonio y su actividad política. Entre ellos destaca material que pretende asociar su carrera como boxeadora con supuestos daños neurológicos. El problema no es que una funcionaria sea cuestionada; el problema aparece cuando la crítica abandona los datos y se convierte en descalificación personal.
La política, particularmente cuando una mujer adquiere visibilidad, tiene una memoria incómoda: muchas veces el debate sobre su desempeño termina convertido en un juicio sobre su cuerpo, su historia, su carácter o su vida privada.
El caso de “La Bonita” merece ser analizado precisamente desde esa perspectiva, sin convertirla ni en intocable ni en víctima permanente.
Gabriela Sánchez llegó al servicio público después de construir una trayectoria lejos de los escritorios. Su historia comenzó en la colonia La Libertad y pasó por el boxeo, disciplina a la que se acercó durante su adolescencia en un momento personal complicado. Con el tiempo se convirtió en campeona, madre, profesionista y posteriormente funcionaria estatal.
Eso no la coloca por encima de la crítica. Al contrario: como secretaria de Deporte y Juventud tiene la obligación de rendir cuentas, explicar sus decisiones y transparentar cada peso público que administra. También debe responder, cuando corresponda, a cualquier señalamiento sobre su patrimonio o desempeño.
Pero una cosa es preguntar y otra muy distinta es sentenciar.
Si existen dudas sobre una declaración patrimonial, deben revisarse documentos, fechas, ingresos, bienes, obligaciones y explicaciones oficiales. Si hay irregularidades, que las determinen las autoridades competentes. Lo que no puede sustituir una investigación es un video de WhatsApp, una cuenta anónima o una publicación diseñada para provocar indignación antes que aportar pruebas.
Lo mismo ocurre con los llamados deepfakes y los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. La tecnología ha hecho más sencillo fabricar imágenes, audios y videos capaces de aparentar autenticidad. En política, eso puede convertirse en un arma particularmente peligrosa: ya no se necesita demostrar que alguien dijo o hizo algo; basta con fabricar la apariencia de que ocurrió.
Y ahí está uno de los verdaderos riesgos para Puebla.
Hoy el objetivo puede ser una funcionaria; mañana, un periodista, un empresario, un candidato o cualquier ciudadano. Cuando la mentira digital se normaliza como herramienta de confrontación política, todos pierden. La discusión pública deja de girar alrededor de propuestas y resultados para convertirse en una competencia de contenidos virales.
También sería un error responder a toda crítica calificándola automáticamente como violencia de género. Las mujeres que ocupan cargos públicos deben tener exactamente el mismo derecho a ser cuestionadas que los hombres. Pero también deben tener el mismo derecho a no ser difamadas, humilladas o atacadas mediante contenidos falsos o manipulados.
La diferencia está en algo muy sencillo: crítica con evidencia, sí; linchamiento digital, no.
En el caso de Sánchez, su gestión deberá evaluarse por resultados. Hay acciones que pueden revisarse y contrastarse: la regularización de adeudos con organismos deportivos, la organización de competencias nacionales, los apoyos a atletas, la recuperación de espacios deportivos y los programas dirigidos a jóvenes.
Si esos resultados son buenos, tendrán que sostenerse con números. Si existen errores, deberán señalarse. Y si hay pendientes, también deberán ponerse sobre la mesa.
La funcionaria no necesita una defensa basada en la compasión por su historia personal. Tampoco necesita que nadie la convierta en heroína por haber sido boxeadora. Necesita algo mucho más elemental: que su trabajo sea juzgado con la misma vara con la que se juzga a cualquier servidor público.
Porque quizá el verdadero debate no sea sobre Gaby “La Bonita”.
El verdadero debate es sobre qué clase de política queremos construir en Puebla.
Una en la que los adversarios se enfrenten con argumentos, documentos y resultados; o una en la que los teléfonos celulares o determinadas televisoras se conviertan en ring y el anonimato sea suficiente para lanzar el siguiente golpe.
Sánchez sabe de golpes. Los ha recibido y también los ha dado dentro de un deporte donde las reglas son claras.
En la política y en los medios digitales y televisivos, esas reglas todavía parecen estar escribiéndose.
