Pedro Ramírez
Un total de 315 servidores públicos han sido separados del cargo y se han emitido 48 resoluciones sancionatorias durante la actual administración estatal, informó el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, quien detalló que las sanciones derivan de procedimientos administrativos sustentados en pruebas y con respeto al derecho de defensa.
El funcionario explicó que las 48 resoluciones corresponden a conductas como presentar documentación apócrifa, simular actuaciones, realizar traspasos sin autorización, acudir a laborar en estado inconveniente y faltar al respeto a alumnas, compañeros y compañeras de trabajo.
También se detectaron casos de servidores públicos que litigaron contra el Gobierno del Estado o solicitaron dinero a cambio de realizar gestiones o favorecer determinadas situaciones.
Como resultado de estos procedimientos, se aplicaron 27 amonestaciones, tres suspensiones y 18 destituciones. De estas últimas, 14 incluyeron inhabilitación para volver a desempeñarse en el servicio público, mientras que en dos casos también se ordenó el reintegro de los recursos involucrados.
Alejandro Espidio puntualizó que cada resolución sancionatoria es resultado de un procedimiento formal, en el que se presentan pruebas y se garantiza el derecho de defensa de las personas señaladas.
En cuanto a las faltas administrativas graves, precisó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha turnado 59 procedimientos al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de resolver este tipo de casos a través de su Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.
Entre las conductas más recurrentes se encuentran el desvío de recursos públicos, con 25 casos, y el abuso de funciones, con 22. Los 12 procedimientos restantes corresponden a uso indebido de recursos públicos, cohecho, nepotismo, peculado, desacato y utilización de información falsa.
El secretario agregó que, durante 2026, el Tribunal de Justicia Administrativa ha impuesto 13 sanciones por faltas graves, las cuales, por su naturaleza, deben resolverse mediante un procedimiento jurisdiccional que garantice el debido proceso.
De esta manera, las acciones de fiscalización y combate a la corrupción han derivado tanto en sanciones administrativas como en procedimientos ante el tribunal, dependiendo de la gravedad de las conductas detectadas.
