El 1 de mayo de 2019 se publicó un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma se basó en tres ejes principales, uno de los cuales es el Nuevo Sistema de Justicia Laboral. Este sistema establece que, antes de presentar una demanda, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo a través de Centros de Conciliación Laboral, integrados por profesionales capacitados en medios alternativos de solución de conflictos. Si no se logra un acuerdo, las partes acudirán a los Tribunales Laborales del Poder Judicial, los cuales se caracterizan por juicios orales, ágiles, modernos y expeditos, en presencia de un juez. Se plantea que las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán una vez que concluyan su rezago.
Ayer se dio a conocer que, con el fin de reducir la carga de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) decidió suprimir la Junta Especial 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Puebla y trasladar sus expedientes a oficinas homólogas en Tlaxcala y Oaxaca. Esta decisión fue comunicada por la STPS en la edición del lunes del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se especifica que la actual carga de trabajo de dicha oficina es tan alta que ha impedido dar solución a los casos.
La dependencia determinó que la Junta Especial 46, con residencia en Tlaxcala, atienda los juicios que se encuentran en fase de instrucción en Puebla hasta su conclusión; y que la Junta Especial 32, con residencia en Oaxaca, continúe con el trámite de aquellos que se encuentren en fases de dictamen, laudo, ejecución y amparo, hasta su conclusión.
No hay duda de que los abogados que atienden estos casos tendrán que desplazarse a los estados vecinos, e incluso en algún momento los actores involucrados. Esto ha motivado la inconformidad de los litigantes que tienen a su cargo resolver estos casos. Suponemos que las autoridades laborales buscan con esta medida avanzar en la reforma laboral ya aprobada, pero que no progresa en la práctica, ya que tampoco se han destinado los recursos materiales y humanos necesarios para resolver el rezago histórico existente a la fecha de la nueva reforma laboral.
