En una conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta nueva dependencia tendrá un enfoque más integral, abarcando tanto los organismos del Gobierno federal como las administraciones estatales, según lo expuso su titular, Raquel Buenrostro.
Sheinbaum destacó que esta medida busca combatir los sobornos, que antes de la administración de Andrés Manuel López Obrador representaban aproximadamente el 4.5 por ciento del valor de los contratos públicos. En su intervención, Buenrostro subrayó que la lucha contra la corrupción ha permitido un incremento histórico en los recursos públicos durante la Cuarta Transformación, un logro que se desea mantener.
Conocida como la “dama de hierro” durante su tiempo en el gabinete de López Obrador, Buenrostro ha sido reconocida por su papel en la implementación de políticas de austeridad y fiscalización, desempeñando cargos clave como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y secretaria de Economía.
La nueva Secretaría cambiará su enfoque de una postura correctiva a una preventiva, proponiendo un modelo de “buen gobierno” que busca dignificar la labor del servidor público y modernizar la administración pública para mejorar su eficiencia y reducir la corrupción. Además, se enfocará en lograr compras públicas transparentes a precios justos, apoyando así la proveeduría nacional.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, se fortalecerá la cultura de la denuncia tanto en el sector público como en el privado, llevando a cabo investigaciones que desincentiven prácticas corruptas y combatan la impunidad. Buenrostro afirmó que es fundamental hacer que violar la ley tenga un costo mayor que cumplirla, mencionando que en la actualidad muchas empresas prefieren incumplir contratos debido a las bajas penalizaciones.
Durante los primeros 100 días de la nueva Secretaría, se establecerán metas concretas, como la reestructuración de la administración pública federal, el acompañamiento en obras emblemáticas como el Tren Maya y en el sector salud, así como la elaboración de reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras, que podrían permitir un ahorro de hasta un 70 por ciento mediante subastas de contratos públicos.