MI VOZ
POR: ENRIQUE ROMERO RAZO
En días recientes, la Honorable LXII Legislatura del Congreso del Estado lanzó una convocatoria para participar —ya sea como ponentes o asistentes— en los foros jurídicos que se llevarán a cabo con motivo del bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Sin duda, se trata de una loable iniciativa impulsada por la diputada Laura Artemisa García Chávez, que busca abrir un espacio de reflexión sobre el destino del constitucionalismo en esta nueva centuria, de la cual apenas han transcurrido veinticinco años.
Seguramente será un ejercicio interesante, sobre todo por los tópicos que se abordarán en las distintas mesas de trabajo. Temas como la identidad digital o la ciberseguridad revelan una mirada prospectiva que invita a imaginar un nuevo constitucionalismo adaptado a los retos del presente y del porvenir.
Esto es: se está analizando la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, la Ley Suprema de nuestra entidad reconozca como derechos fundamentales los derechos digitales, un ámbito aún incipiente incluso en diversas partes del mundo.
La realidad, muchas veces, va más rápido que la legislación, y esta debe modificarse conforme a las transformaciones sociales del momento histórico que se vive.
Pero esto sería apenas un primer paso. Mucho queda por hacer, especialmente en lo referente a las leyes ordinarias que podrían derivarse de un eventual nuevo texto constitucional poblano.
El simple hecho de establecer como obligación del Estado garantizar conectividad digital gratuita en todo el territorio de Puebla —para así proteger efectivamente el derecho a la información, tutelado por la Constitución Federal— sería, sin duda, un gran avance.
Del mismo modo, asegurar la protección de nuestras hijas e hijos, en especial los menores de edad, frente a los riesgos del mundo digital, será una prioridad en la consolidación de un auténtico Estado Democrático de Derecho.
Puebla es, sin duda, pionera en estos temas gracias al liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, quien, con base en el humanismo mexicano y la bioética social impulsados a nivel nacional por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ha marcado una diferencia significativa en apenas poco más de doscientos días de su administración.
¿Serán la identidad digital y la ciberseguridad reconocidos como nuevos derechos constitucionales en el Estado de Puebla durante este siglo XXI?
Veremos y diremos.
