Y ahora que la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del Poder Judicial de Puebla encontró culpable de desvío de recursos y daño patrimonial a María Teresa Castro Corro, ex secretaria de Finanzas del Gobierno de Puebla conMiguel Barbosa y determinó que la sanción sea la inhabilitación por 20 años y una multa impagable por más de 360 mdp, ¿esas conclusiones repararán el daño a las arcas poblanas?
Si bien la decisión debe entenderse como una señal que establece que no hay tolerancia para malos servidores públicos y que tampoco habrá impunidad.Los análisis apuntan que hay interés de sancionar a quienes se hayan servido con la cuchara grande, incluidos aquellos que participaron en gobiernos emanados de la 4T, que lejos de ser consecuentes con el discurso de austeridad y honradez, al menos en la gestión del difunto mandatario, ha quedado demostrado que no fue así.
Y justamente en esa lógica, tras la sanción a Castro Corro, deben estar sudando frío aquellas y aquellos ex funcionarios que también participaron en ese quebranto a las finanzas públicas poblanas, pues es obvio que ella no actuó sola. Aquellos que sabiendo de la fallida inversión en el Banco Accendo había generado un daño patrimonial, se hicieron de la vista gorda, también deberían ser castigados.
En ese tenor hay otros nombres que deben compartir las sanciones. De acuerdo con el periodista Valentín Varillas, el ex subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas con Castro Corro, José Enrique Girón Zenil, también fue hallado culpable de haber cometido “faltas graves consistentes en desvío de recursos públicos y abuso de funciones” y por eso la Sala Especializada del Poder Judicial determinó que debe pagar más de 240 mdp y le estableció una inhabilitación de 15 años.
Pero hay más personajes que deberían ser apuntados en esa lista negra y ahí debería estar la entonces Contralora y posterior Auditora Superior del Estado, Amada Gómez. Y seguramente hay más involucrados en donde aparecería, incluso, ex legislador@s.
Una sanción de inhabilitación seguramente no les quitará el sueño a los imputados. Lo más lógico es que ni interesados estén en trabajar en el servicio público. Respecto a las sanciones económicas más bien suenan a una falacia. Difícilmente tendrán el recurso suficiente para pagar liquidar esos montos millonarios, son impagables y en caso de hacerlo tendrían que explicar de dónde obtuvieron el dinero y despertarían nuevas sospechas.
Siendo realistas esas “sanciones” no sirven para nada. Quizá lo más cercano a un castigo ejemplar sería aplicar correctivos penales y aún así, ni pisando la cárcel esos ex funcionarios podrían reparar el daño millonario que provocaron al estado y aunque como se ha insistido el mensaje es que no hay impunidad, al final el respetable solo seguirá aumentando su desconfianza en los políticos.
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