Por Enrique Romero Razo
Corría el año de 1984 cuando, en la capital poblana, se cometió un atroz crimen contra una joven novillera de tan solo diecinueve años, conocida en el ámbito taurino como “La Pichi”.
El homicidio calificado (pues en esos años aún no se encontraba tipificado el delito de feminicidio) fue atribuido por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado a un sujeto perteneciente a una de las familias más prominentes de la sociedad angelopolitana. Dicho individuo fue puesto a disposición de un juzgado penal en la capital, encabezado por quien hoy es magistrado en retiro: Leonardo Tecua Perla.
Con firmeza y dignidad, el juez resistió durante el término constitucional de 72 horas tanto los embates políticos como los jugosos ofrecimientos económicos por parte de la defensa. Finalmente, dictó auto de formal prisión en contra del acusado como probable responsable de ese atroz crimen.
Sin embargo, la defensa apeló el auto de formal prisión, y el recurso fue turnado a una Sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta, sin mediar causa jurídica alguna, revocó la resolución, dejando en libertad inmediata al presunto homicida.
Mucho se especuló en aquella época sobre la verdadera motivación de tan vergonzosa resolución. Se habló incluso de maletas llenas de dinero entregadas a cada uno de los magistrados que integraban el tribunal de alzada.
El escándalo alcanzó dimensiones tales —a nivel local y nacional— que se tomó la decisión política de remover de sus cargos a los tres magistrados implicados.
A más de cuarenta años de distancia, lejos de mejorar, las condiciones en la Judicatura poblana parecen haber empeorado.
Un claro ejemplo de ello es el reciente caso de un magistrado en retiro, presuntamente grabado mientras negociaba la liberación —a cambio de sumas millonarias— del exoperador estrella del morenovallismo. El caso fue atendido personalmente por el entonces gobernador Miguel Barbosa (QEPD), quien prometió que tales hechos no quedarían impunes. Pero la muerte lo sorprendió antes de concluir aquella encomienda.
¿Y el Poder Judicial del Estado? Se limitó a integrar una “comisión investigadora” —absolutamente ilegal, por cierto— que jamás llegó a ninguna determinación. El magistrado señalado simplemente se jubiló, y hoy goza de una pensión multimillonaria.
Otro caso, ocurrido en 2023, tuvo eco nacional cuando el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, exhibió a tres jueces poblanos por emitir resoluciones contrarias a la justicia y benéficas para presuntos delincuentes, entre ellos un sacerdote acusado de pederastia.
¿La respuesta del Consejo de la Judicatura Estatal? Nada. Es más, dos de esos tres jueces fueron reubicados… ¡a la capital del Estado!
Debemos recordar que, en este sistema decadente de impartición de justicia, mientras un juez esté más cerca de los grupos de poder que controlan la Judicatura local, mejor será su lugar de adscripción.
A pesar de todo ello, los conservadores a través de analistas y columnistas a modo, pretenden desacreditar la reforma Constitucional impulsada por nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es precisamente erradicar esos vicios del pasado neoliberal que tanto daño le han hecho al pueblo de México.
Por ello, es deber de quienes votamos por la transformación del país desde 2018, coadyuvar en su fortalecimiento. Este 1 de junio debemos acudir a las urnas para elegir a las mujeres y hombres que integrarán el nuevo Poder Judicial Federal.
Basta ya de componendas y acuerdos en lo oscurito.
Votemos por un sistema de justicia probo, independiente del poder económico y verdaderamente cercano a las causas populares.
Porque en México, el pueblo pone y el pueblo quita. Solo así haremos valer, con hechos, el principio de soberanía popular consagrado en el artículo 39 de nuestra Constitución.
