En un año previo a las elecciones intermedias del 2027, han comenzado a calentarse los motores de la política y ante la realidad tan preocupante que hemos atestiguado cuando nos enteramos que candidatos resultan ser verdaderas fichitas, es conveniente y oportuno el llamado a los partidos políticos para que antes de postular a personajes populares y con poderío económico, que primero les revisen sus antecedentes para evitarse sorpresas y evadir riesgos y tragos amargos para los electores.
El gobernador Alejandro Armenta exhortó a los institutos políticos evitar el impulso de candidaturas vinculadas con la delincuencia. ¡¡¡Tssss!!! El mensaje es fuerte, pero es pertinente y nadie, incluidos los opositores, podrían estar en desacuerdo con esapremisa.
Y es que la infiltración del crimen en la política no es un fenómeno nuevo en México, pues hoy está claro que en los últimos años se ha acentuado. Hay casos y reportes de seguridad federal e investigaciones periodísticas que han documentado cómo grupos criminales buscan hacerse de espacios de poder, especialmente en los municipios y para ello impulsan, apoyan y promueven de forma sigilosa o descarada, a personas que a ellos les conviene porque así tendrán manga ancha en todos los sentidos.
Tal fenómeno no es casual, pues el gobierno municipal es el nivel de poder más vulnerable y atractivo para el crimen ya que desde ahí hay control de policías locales, decisiones administrativas y contratos públicos. Para cualquier organización criminal, tener influencia significa control territorial. Pero claro que esos mismos grupos tienen interés en otras esferas del poder democrático como en los Congresos.
El llamado del mandatario poblano llega en un momento delicado pero oportuno porque las elecciones locales todavía están lejos, pero la maquinaria política ya comenzó a moverse rumbo a los comicios del 2027 que renovarán alcaldías y diputaciones. Y justo los partidos ya perfilan posibles aspirantes y ahí reaviva el riesgo ya expuesto.
La lógica política de quien se mueve primero suele tener ventaja motiva a anticiparse, pero ese mismo proceso también abre espacios a perfiles que muchas veces llegan impulsados más por su hábil operación electoral, que por su trayectoria pública y ahí está el verdadero riesgo.
La infiltración del crimen en la política no ocurre de manera abrupta, no aparece el día de la elección ni cuando alguien se rinde protesta, la llegada de esos grupos inició justo cuando un partido decidió no revisar con lupa el pasado de un aspirante solo porque “tiene estructura y garantiza votos”, es decir representa rentabilidad electoral más que integridad.
El discurso oficial suele insistir en que los partidos tienen mecanismos internos de control y evaluación de perfiles, pero en la práctica las candidaturas se definen por acuerdos políticos, negociaciones internas y cálculos electorales, en vez de verdaderos filtros éticos.
En suma, si los partidos realmente quieren evitar que el crimen organizado se infiltre en la política, la responsabilidad empieza en casa. Se requiere revisar trayectorias, transparentar patrimonios, escuchar al elector y, sobre todo, tener la voluntad de cerrarle la puerta a perfiles cuestionables, aunque sean competitivos electoralmente y populares.
Al final, cuando un candidato con vínculos criminales llega al poder, el daño ya no es solo partidista, sino institucional y quien paga los platos rotos es el electorado, el pueblo bueno.
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