La noche del martes, una fuerte explosión sacudió la zona financiera de Guayaquil cuando un coche bomba estalló frente a un centro comercial, desatando pánico entre los ciudadanos. El estallido dejó un saldo de un muerto y al menos 26 heridos —dos de ellos en estado grave— según informó la Gobernación del Guayas.
La víctima fatal fue un taxista que se encontraba en el lugar al momento de la detonación, según indicó Jorge Montanero, miembro del cuerpo de bomberos local, a medios de comunicación.
El ministro del Interior, John Reimberg, calificó lo ocurrido como un “acto terrorista”. Señaló además que fue localizado un segundo vehículo cargado con explosivos que no llegó a detonar y fue desactivado por las autoridades. “No era un artefacto improvisado, sino de fabricación profesional, vinculado a grupos criminales que buscan sembrar el caos”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el gobernador del Guayas, Humberto Plaza, describió la explosión como un acto de “terrorismo en su forma más cruda”, con la clara intención de provocar la mayor cantidad de víctimas posibles. Explicó que el atentado fue ejecutado en una zona de alto tránsito durante la hora pico.
Las autoridades aseguraron que se desplegarán todos los esfuerzos para capturar a los responsables y procesarlos por el delito de terrorismo. La escena fue acordonada y evacuada mientras la Policía recogía pruebas. La Fiscalía inició entrevistas a testigos y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad.
Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, expresó su indignación ante este nuevo hecho de violencia y exigió al Gobierno acciones concretas contra la inseguridad. “Guayaquil está en llamas, y no vemos respuestas. Estamos cansados de condolencias. Esto es una tragedia nacional”, declaró visiblemente afectada.
El alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, también se pronunció con dureza: “No podemos seguir permitiendo que se comercie con la vida de los ciudadanos. Los criminales colocan bombas, y luego los liberan. No tienen límites”.
Una segunda detonación
Durante la mañana del miércoles, se reportó una nueva explosión con coche bomba, esta vez en el puente Churute, en la provincia del Guayas. La Prefectura confirmó el cierre de vías desde el kilómetro 26 en dirección a Naranjal y solicitó la colaboración ciudadana mientras se desarrollaban los operativos correspondientes.
CNN contactó a la Policía en busca de más detalles sobre esta segunda explosión y posibles nuevas víctimas, pero al cierre de esta nota aún no había una respuesta oficial. Autoridades locales están revisando grabaciones de video de la zona para apoyar las investigaciones.
Además, se localizaron explosivos en otros dos puntos del país, colocados en rutas que conectan a Guayas con Machala y Cuenca, según informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.
Antecedentes de violencia
Ecuador ha sido escenario de múltiples atentados con coches bomba en los últimos años. El 26 de septiembre pasado, uno estalló frente a la Cárcel Regional de Guayaquil. En marzo, otro vehículo explotó frente al mayor centro penitenciario del país, causando la muerte de un guardia.
Durante 2023, se registraron varios atentados similares, incluso en Quito, poco después del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Crisis social y política en aumento
Este nuevo ataque ocurre en un momento de elevada tensión social. Ecuador atraviesa un periodo de polarización marcado por protestas, especialmente en la provincia de Imbabura, donde 13 militares resultaron heridos en bloqueos registrados en Otavalo. En las movilizaciones, ya en su cuarta semana, también han resultado heridos manifestantes y periodistas.
El presidente Daniel Noboa ha sido duramente criticado por varios sectores debido a la eliminación del subsidio al diésel y su negativa a reconsiderar la medida, en un contexto de fuerte crisis económica. Las protestas han crecido y el movimiento indígena, junto a otras organizaciones, ha ampliado sus demandas.
Noboa también ha propuesto convocar una Asamblea Constituyente para impulsar una nueva Constitución y reformas en materia de seguridad y gobernabilidad, lo que ha generado más tensiones, a solo un mes de las próximas elecciones.
En un intento por frenar el avance del crimen organizado, el Gobierno declaró en 2024 un “conflicto armado interno”, reconociendo oficialmente la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales como una guerra abierta.