Gabriela García Guzmán.
Frente al anuncio de una posible suspensión del servicio de transporte público el próximo 3 de febrero, el gobernador Alejandro Armenta Mier fijó una postura firme: el diálogo con el sector está abierto, pero no habrá concesiones bajo amenaza ni afectaciones a la ciudadanía.
En su mensaje durante la conferencia matutina, el mandatario estatal destacó que su administración ha sostenido comunicación constante con los concesionarios del transporte y ha brindado apoyos, facilidades administrativas y estímulos para que cumplan con la normatividad vigente. Sin embargo, advirtió que estos mecanismos no pueden utilizarse como instrumento de presión contra el gobierno ni como excusa para alterar la movilidad de miles de usuarios.
“El diálogo es permanente y seguirá siéndolo, pero no aceptaremos condicionamientos ni chantajes que perjudiquen a la población”, puntualizó.
Armenta señaló que detrás del amago de paro no solo hay inconformidades legítimas, sino también intereses económicos concentrados que buscan frenar los procesos de regulación y ordenamiento del transporte público en el estado.
“Tenemos claro que no todos los que impulsan estas acciones representan al transportista que quiere trabajar conforme a la ley; hay grupos que actúan como monopolios y pretenden conservar privilegios”, expresó.
El gobernador subrayó que su administración no permitirá la paralización del estado ni que los usuarios del transporte sean utilizados como herramienta de presión, reiterando que la prioridad es garantizar un servicio seguro, eficiente y de calidad.
“Siempre habrá apertura y disposición, pero nadie puede poner en jaque al gobierno ni afectar la vida diaria de las familias poblanas. Nuestra responsabilidad es proteger a los ciudadanos”, afirmó.
Este posicionamiento se produce luego de que la Unión de Transportistas del Estado de Puebla anunciara un paro de labores tras el vencimiento del plazo para cumplir con la Revista Vehicular 2025, que concluyó el pasado 2 de febrero, como respuesta a las medidas de regulación impulsadas por la administración estatal.
Para cerrar, Alejandro Armenta reiteró que su gobierno aplicará la ley sin excepciones, con el propósito de ordenar el sistema de transporte, mejorar el servicio y garantizar condiciones adecuadas de movilidad para las y los poblanos.
