Gabriela García Guzmán.
La construcción de la Radial a Cuayantla, impulsada por el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, se ha convertido en un caso emblemático de gasto desproporcionado y decisiones cuestionables, que hoy colocan a la presidenta municipal Guadalupe Cuautle Torres en el centro de la crítica pública.
El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, cuestionó abiertamente el proyecto al considerar que refleja prácticas del pasado, alejadas de los principios de austeridad y rendición de cuentas que actualmente demanda la ciudadanía. La obra, con una extensión de 2.7 kilómetros, tendrá un costo aproximado de 80 millones de pesos, lo que representa casi 40 millones por kilómetro, una cifra que calificó como injustificable.
“Ese nivel de gasto no tiene explicación. Son esquemas de gobierno que creen que todavía se pueden manejar los recursos públicos como antes, con costos inflados y sin dar cuentas claras”, señaló el funcionario estatal.
El señalamiento surge luego de que se hiciera público el sobrecosto del proyecto, el cual ha generado inconformidad entre vecinos y observadores, quienes consideran que el monto no corresponde ni a la dimensión ni al impacto real de la obra. Desde el Gobierno del Estado se advirtió que este tipo de decisiones no responden a las prioridades sociales ni a una planeación responsable.
García Parra recordó que no se trata de un hecho aislado. Indicó que, el año anterior, la alcaldesa presentó una propuesta para intervenir un reducido número de calles, solicitando al Gobierno del Estado un apoyo cercano a mil millones de pesos, planteamiento que fue rechazado por considerarse desproporcionado, financieramente inviable y ajeno a la realidad del municipio.
“Esa era la lógica: inversiones millonarias para proyectos mínimos. Es una forma equivocada de gobernar y de administrar el dinero que pertenece a la gente”, afirmó.
Ante este panorama, el coordinador del Gabinete Estatal advirtió que las quejas y señalamientos sobre la Radial a Cuayantla podrían escalar a instancias formales, incluida la Auditoría Superior del Estado, con el fin de que el proyecto sea revisado de manera exhaustiva. Aclaró que no se trata de un tema político, sino de frenar el uso discrecional de los recursos públicos.
Asimismo, acusó que desde el Ayuntamiento de San Andrés Cholula se estaría intentando desviar el debate mediante un discurso de confrontación política y victimización, con miras a futuros procesos electorales, en lugar de responder con datos claros y explicaciones técnicas sobre el costo real de la obra.
García Parra también recordó que la administración municipal anterior, de la cual proviene el actual gobierno, mantiene observaciones financieras millonarias por parte de la Auditoría Superior, varias de ellas aún sin solventar, pese a que se otorgaron plazos extraordinarios para aclararlas.
“Hubo tiempo y facilidades, pero los excesos continúan. Las revisiones siguen y las irregularidades terminarán por exhibirse”, advirtió.
Para el Gobierno del Estado, el caso de la Radial a Cuayantla es una señal de alerta sobre la forma en que algunos municipios siguen utilizando la obra pública no como una herramienta de desarrollo, sino como un negocio costoso que no necesariamente beneficia a la población, profundizando el desgaste de la confianza ciudadana en sus autoridades locales.
