El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deja espacio a la interpretación caprichosa: establece con absoluta claridad que los Ayuntamientos son el primer frente de gobierno y, por tanto, responsables directos de los servicios públicos más elementales.
No es una sugerencia. Es un mandato.
Alumbrado público, limpia, mercados, panteones, calles en condiciones transitables y, desde luego, la seguridad pública preventiva, son atribuciones exclusivas de los municipios. Así lo refuerza, sin ambigüedades, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.
Sin embargo, en la práctica, ese marco normativo parece letra muerta.
En buena parte del territorio poblano —y de forma particularmente visible en la Angelópolis, la cuarta ciudad más importante del país— lo que predomina es el abandono. No se trata de percepciones, sino de hechos cotidianos que cualquier ciudadano puede constatar.
Circular por zonas como La Noria no es un traslado: es una prueba de resistencia mecánica. Los baches han dejado de ser incidentes aislados para convertirse en una constante estructural del paisaje urbano. Hay calles donde transitar sin dañar el vehículo es, literalmente, cuestión de suerte.
El manejo de residuos sólidos tampoco escapa a esta lógica de omisión. Montoneras de basura en avenidas principales exhiben no sólo la ineficiencia del servicio, sino el fracaso de un modelo concesionado desde administraciones pasadas que hoy evidencia su agotamiento. La ciudad, en muchos puntos, luce abandonada a su propia inercia.
Y en materia de seguridad, la narrativa oficial municipal suele ir por un lado, mientras la realidad circula en redes sociales. El reciente video de un asalto a plena luz del día en la zona de Boulevard Valsequillo —un domingo por la mañana, con total impunidad— no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la fragilidad del orden público en ciertas zonas.
Frente a este escenario, lo preocupante no es sólo la ineficiencia, sino la normalización de la misma.
Porque mientras algunos gobiernos municipales parecen haber optado por la comodidad de la inacción o la administración de la excusa, el vacío no permanece vacío: alguien termina ocupándolo.
Y es ahí donde el Ejecutivo estatal ha tenido que asumir, de facto, tareas que constitucionalmente no le corresponden. No como un gesto político, sino como una respuesta pragmática ante la urgencia.
El programa de bacheo en miles de calles de la capital, apoyado en esquemas de coordinación y aprovechamiento de insumos como el material pétreo, no sólo atiende una necesidad inmediata, sino que exhibe —sin necesidad de decirlo— la ausencia de quienes debieron haber actuado primero.
Lo mismo ocurre con las labores de limpieza urbana, donde brigadas estatales han comenzado a hacer visible lo que debería ser una función ordinaria de los municipios.
Incluso en materia de seguridad, la presencia y supervisión constante desde el gobierno estatal contrasta con la pasividad de algunas autoridades locales que, en los hechos, han cedido el control de la agenda pública.
No es menor el mensaje.
Mientras algunos ediles optaron por el descanso en periodos vacacionales, el titular del Ejecutivo recorrió la entidad, supervisando personalmente condiciones de seguridad y operación. Más allá del simbolismo, hay una diferencia de enfoque: unos administran tiempos políticos; otros enfrentan realidades.
Por ello, el llamado reciente a los 217 alcaldes del estado no debe entenderse como un exhorto más, sino como una advertencia institucional: gobernar implica responsabilidad, no simulación.
Resulta, por decir lo menos, prematuro —y en algunos casos francamente cínico— que haya quienes ya piensen en la reelección cuando no han sido capaces de garantizar lo más básico.
Porque en política, como en el derecho, hay principios elementales que no admiten atajos: primero se cumple, luego se aspira.
Y hoy, en muchos municipios, lo primero sigue pendiente.
