Leydy Pech nació en Hopelchén, Campeche, en el corazón de una región donde el pueblo maya aprendió, desde hace siglos, a convivir con la tierra en lugar de someterla.
Mujer indígena maya y apicultora de oficio, dedicó buena parte de su vida a una actividad que para su comunidad representa mucho más que una fuente de ingresos: la crianza de la Melipona beecheii, una especie de abeja sin aguijón cuya miel ha sido apreciada tradicionalmente por sus propiedades y por el profundo significado cultural que posee para el pueblo maya.
Su vida transcurría entre colmenas, monte y miel hasta que un gigante llamó a la puerta.
Y no pidió permiso.
Monsanto obtuvo autorización para la siembra comercial de soya genéticamente modificada en amplias extensiones del sureste mexicano, incluyendo territorios de Campeche.
Para una corporación multinacional aquello podía representar hectáreas, productividad, tecnología y rentabilidad.
Para las comunidades mayas significaba otra cosa: su tierra, sus abejas, su miel y su forma de vida.
La expansión de esos cultivos despertó una enorme preocupación entre los apicultores de la región ante los posibles efectos ambientales, la utilización de agroquímicos y, particularmente, el riesgo de afectar la producción y comercialización de la miel.
Fue entonces cuando Leydy Pech decidió hacer algo que, visto desde la enorme desigualdad de fuerzas, parecía casi absurdo:
enfrentarse a Monsanto.
No tenía detrás un ejército de abogados corporativos.
No tenía millones de dólares.
No tenía oficinas en distintos países.
Tenía algo bastante más incómodo para quienes ejercen el poder sin escuchar: una comunidad organizada y la convicción de que nadie tiene derecho a decidir sobre la tierra de otros como si estuviera deshabitada.
Leydy Pech participó en la organización de comunidades mayas de Campeche que emprendieron una batalla jurídica contra las autorizaciones otorgadas para la siembra de soya transgénica.
El asunto terminó llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y en 2015 ocurrió lo que muchos seguramente consideraban improbable.
Ganaron.
La Suprema Corte amparó a las comunidades indígenas y determinó que habían sido vulnerados sus derechos al no haberse realizado previamente una consulta indígena conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
El razonamiento encerraba una verdad elemental que, sin embargo, demasiadas veces el poder olvida:
no se puede decidir sobre un pueblo sin escuchar al pueblo.
El Estado puede otorgar permisos.
Puede elaborar dictámenes.
Puede llenar expedientes de sellos, firmas y tecnicismos.
Pero cuando una decisión afecta directamente el territorio, la cultura y la forma de vida de una comunidad indígena, existe una obligación que está por encima de la comodidad burocrática: consultarla.
El litigio encabezado por las comunidades mayas se convirtió así en un precedente emblemático de la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos originarios frente a intereses económicos de enorme dimensión.
La historia de Leydy Pech trascendió las fronteras mexicanas.
En 2020 recibió el Premio Ambiental Goldman, uno de los reconocimientos internacionales más importantes para quienes defienden el medio ambiente, conocido popularmente como el “Nobel Verde”.
Pero quizá el verdadero significado de aquella batalla nunca estuvo en una medalla ni en una ceremonia internacional.
Estaba en las colmenas.
En la tierra.
En la selva.
En la posibilidad de que una comunidad pudiera seguir decidiendo cómo vivir en el territorio que heredó de sus antepasados.
Para la cosmovisión maya, la naturaleza no constituye simplemente una mercancía susceptible de explotación. Existe una relación espiritual entre el ser humano y aquello que lo rodea.
La Melipona beecheii, conocida en lengua maya como Xunán Kab, “señora abeja”, ocupa desde tiempos ancestrales un sitio especial dentro de esa cultura. Su miel no sólo ha sido utilizada como alimento y remedio tradicional; forma parte de una relación milenaria entre el pueblo maya y su entorno.
Ahí radica quizá lo que las grandes corporaciones y algunos gobiernos tardan demasiado en comprender.
Para ellos, una hectárea puede ser una unidad de producción.
Para una comunidad indígena puede ser memoria.
Una abeja puede representar rendimiento económico.
Para un pueblo puede representar siglos de conocimiento.
Un permiso administrativo puede ser apenas un documento.
Para quienes habitan el territorio puede significar la transformación irreversible de su mundo.
Y existe además una ironía difícil de ignorar.
Durante siglos se calificó a los pueblos indígenas de atrasados por venerar la tierra, respetar sus ciclos y entender que el hombre forma parte de la naturaleza.
Hoy, después de contaminar ríos, devastar selvas, extinguir especies y alterar ecosistemas enteros en nombre del progreso, comenzamos a descubrir que aquellos pueblos supuestamente atrasados habían comprendido algo que nuestra modernidad olvidó:
que destruir aquello que nos mantiene vivos nunca podrá llamarse desarrollo.
Leydy Pech no derrotó a Monsanto porque tuviera más dinero, más influencia o más poder.
Lo hizo porque ella y su comunidad obligaron al poder a escuchar.
Y ésa quizá sea la parte más incómoda de esta historia.
Porque el verdadero progreso no consiste en llegar a una tierra ancestral para explicarles a quienes la habitan desde hace siglos lo que les conviene.
Consiste, primero, en tener la humildad de preguntarles.
