*Voraz programa del primer cuadro se extendió a toda la ciudad con recaudación millonaria
Por Alberto Ramírez
El negocio de los parquímetros en Puebla, que solo operaba en el primer cuadro y se extendió a toda la ciudad, tiene una fórmula sencilla: tres horas gratis para atraer al automovilista y millones de pesos en multas para llenar las arcas municipales.
El programa “Estaciónate Aquí”, bandera del gobierno de José Chedraui Budib para ordenar el estacionamiento en el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad, terminó convertido en una maquinaria recaudatoria donde el verdadero negocio no está en cobrar por estacionarse, sino en sancionar a quienes incumplen las reglas.
Contrató la comuna a cientos de personas que, supuestamente, atenderían a los automovilistas con el programa “Proximidad Vial”. Así se les veía en los cruceros, pero solo fue la pantalla vestida de azul con reflejantes verdes. Hoy, mujeres y hombres adscritos a ese programa se dedican exclusivamente a quitar placas, dejar infracciones y si pueden sobornar lo hacen.
La capacitación del ayuntamiento fue para sangrar al ciudadano.
Las cifras exhiben el modelo. Durante 2025, el Ayuntamiento ingresó más de 33.7 millones de pesos por el programa y alrededor del 60 por ciento provino de multas. En los primeros seis meses, de los 25.1 millones recaudados, 15.3 millones fueron producto de sanciones.
Y en 2026 la tendencia se disparó, durante el primer trimestre se reportaron ingresos por 22.6 millones de pesos, de los cuales casi tres cuartas partes correspondieron a multas; tan solo en marzo, las sanciones superaron los 16.9 millones de pesos.
Así, el automovilista que utiliza correctamente el sistema y se registra representa un ingreso menor; el verdadero “cliente” del Ayuntamiento es quien se pasa del tiempo, no registra su vehículo o comete alguna infracción.
El estacionamiento puede ser gratis durante tres horas; equivocarse, no. El problema es que el Ayuntamiento ha sido mucho más eficiente para cobrar las sanciones que para explicar con claridad qué hace con el dinero.
Cuando Chedraui lanzó el programa se prometió transparencia, información pública y un mecanismo para que los ciudadanos pudieran conocer cuánto se recaudaba por zona y en qué se gastaban los recursos. También se aseguró que el dinero serviría para mejorar las calles, instalar cámaras, colocar luminarias y fortalecer la seguridad.
La promesa fue que los poblanos podrían observar un “retorno visible” de lo que pagaban, pero ese retorno no resulta tan visible como la multa que aparece cuando el automovilista incumple.
Para mediados de 2026, distintos reportes ubicaban la recaudación acumulada por encima de los 55 millones de pesos, mientras continuaban los cuestionamientos sobre el destino de los recursos y la falta de un desglose público, actualizado y suficientemente detallado.
El discurso oficial habla de gobierno abierto y transparencia, la realidad para el ciudadano es mucho más simple: puede saber cuánto le cuesta una infracción, pero no necesariamente puede saber con la misma facilidad en qué calle terminó el dinero que pagó.
Y el programa tampoco ha estado libre de irregularidades, a principios de 2026, el propio gobierno municipal reconoció la existencia de las llamadas “mochadas” en la operación de los parquímetros.
Supervisores habrían solicitado 200 pesos en efectivo a algunos automovilistas a cambio de no registrar la infracción, la solución anunciada fue recurrir a más tecnología para reducir el contacto entre supervisores y ciudadanos.
Pero mientras el Ayuntamiento digitaliza la vigilancia, en las mismas zonas continúan problemas que difícilmente parecen compatibles con un programa que pretende ordenar el espacio público: franeleros que siguen cobrando, comerciantes que ocupan cajones y puestos que invaden la vía pública con estructuras, mercancía y hasta anafres.
Ahí aparece una de las grandes contradicciones del programa, para el automovilista hay vigilancia, sensores y multas; para quienes ocupan irregularmente el espacio público, el orden parece mucho menos estricto.
Y mientras la recaudación crece, también crecen las quejas por el estado de las calles.
Baches que reaparecen; vialidades que vuelven a ser abiertas después de haber sido rehabilitadas y ciudadanos que comienzan a utilizar las bardas para expresar su inconformidad son parte del paisaje de una ciudad donde el ayuntamiento presume ingresos millonarios, pero todavía tiene pendiente demostrar en qué se traducen esos recursos.
Incluso han aparecido mensajes políticos como “Si hay baches, no hay reelección”, una muestra de que el malestar dejó de ser únicamente una discusión sobre estacionamiento y comenzó a convertirse en un reclamo sobre los resultados de la administración.
El problema, entonces, no es que el Ayuntamiento cobre por utilizar un espacio público regulado, el problema es que la recaudación crece a una velocidad que no parece corresponder con la transparencia ni con los resultados visibles en las calles.
Chedraui heredó un programa de parquímetros, lo relanzó con tres horas gratuitas y lo convirtió en una fuente importante de ingresos municipales, pero si buena parte de esos recursos proviene de multas, la pregunta inevitable es si el objetivo principal es ordenar el estacionamiento o maximizar la recaudación.
