Sin lugar a dudas, la doctora Claudia Sheinbaum ha marcado un antes y un después en la vida pública de México.
En primer término, pasará a la historia como la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo federal. Pero más allá de este hecho simbólico —que por sí mismo constituye un hito—, su administración ha impulsado transformaciones estructurales que redefinen la arquitectura institucional del Estado Mexicano.
Tal es el caso de la reforma judicial, mediante la cual nuestro país ha dado un paso inédito en materia de democratización del poder público, al establecer mecanismos para que los integrantes de los tres Poderes de la Unión sean electos a través del voto directo de la ciudadanía.
Todo ello ha ocurrido, además, en un entorno internacional complejo, frente al cual la presidenta ha sostenido una postura firme, basada en el respeto mutuo y el diálogo entre naciones.
En materia de seguridad pública, los resultados de la estrategia nacional han sido tangibles, debilitando estructuras de la delincuencia organizada y generando reconocimiento, incluso por parte de autoridades norteamericanas.
Hoy, la titular del Ejecutivo federal vuelve a colocar sobre la mesa una transformación de gran calado: la iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso de la Unión, misma que busca modificar de raíz el sistema de representación política y el financiamiento de los partidos.
Entre sus ejes principales destaca la eliminación de las diputaciones de representación proporcional designadas por las dirigencias partidistas, obligando a quienes aspiren a una curul a contender directamente en procesos electorales y a construir su legitimidad en territorio frente al electorado.
Asimismo, la propuesta contempla la reducción en el número de senadores, lo que permitirá aliviar cargas presupuestales innecesarias, en tanto que la función del senado radica en la representación de las entidades federativas y no de cuotas partidistas.
La disminución del 25% en el financiamiento público a los partidos políticos constituye otra medida orientada a racionalizar el uso de recursos públicos, evitando la proliferación de institutos políticos de vida efímera que surgen únicamente para participar en una elección y desaparecen en el siguiente proceso comicial.
De igual forma, la prohibición del nepotismo y la eliminación de la reelección inmediata de diputados y alcaldes atienden exigencias ciudadanas largamente postergadas, orientadas a impedir la conformación de élites políticas cerradas o la transmisión patrimonial del poder público.
Naturalmente, una iniciativa de esta magnitud encontrará resistencias entre aquellos cuyos intereses resulten afectados. Sin embargo, corresponderá a la ciudadanía evaluar a quienes defienden un modelo de representación más austero y democrático y, por otro lado, a los que optan por preservar esquemas de privilegio.
El tiempo, el voto y el juicio de la historia habrán de colocar a cada actor en el lugar que le corresponda.
