• El día que la delincuencia intocable dejó de serlo en Puebla
Hay fechas que se miden en días de gobierno y hay hechos que se miden en historia. A 600 días de la administración de Alejandro Armenta, Puebla puede presumir ambas cosas, aunque conviene decirlo con la cautela que exige el oficio: los golpes contra estructuras delictivas que durante años operaron con aparente impunidad —desde huachicoleros que llevaban más de una década intocables hasta directores de seguridad pública que presuntamente protegían laboratorios de droga sintética— posicionan a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Alejandro Armenta y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, frente a un momento que puede leerse, sin exagerar, como histórico en la lucha contra el crimen organizado en la entidad.
La aprehensión de siete mandos policiacos municipales por presuntamente proteger intereses de la delincuencia organizada; la captura de dos presidentes municipales y el encarcelamiento de objetivos prioritarios vinculados al huachicol; al robo de vehículos con mercancía, el narcomenudeo y la protección de un narcolaboratorio, no son hechos aislados, es la evidencia más contundente que ha producido este gobierno en apenas 20 meses de ejercicio.
LA COORDINACIÓN DETRÁS DE LOS GOLPES
Ningún operativo de esta magnitud ocurre por generación espontánea. Detrás de las detenciones hay una arquitectura institucional que merece explicarse, porque es ahí donde se juega la sostenibilidad de la estrategia.
El gobierno de Alejandro Armenta articula su estrategia mediante una sinergia operativa permanente que involucra a los tres órdenes de gobierno. En el centro de ese entramado está la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, con sesiones diarias en las que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, áreas de inteligencia y la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla. A esto se suma una articulación municipal permanente, con balances de seguridad junto a presidentes municipales para unificar criterios tácticos, y un despliegue territorial de blindaje que incluye módulos de respuesta inmediata, vigilancia en transporte público y mayor control en tramos carreteros conflictivos como la autopista 150D, donde se han invertido 260 millones de pesos en videovigilancia.
LA ESTRATEGIA DE HARFUCH EN PUEBLA
Puebla adopta los cuatro ejes que Omar García Harfuch dicta a nivel federal: atención a las causas, mediante los Centros Libre y las Casas Carmen Serdán; consolidación e inteligencia con la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación con el C5i; los centros de comando C2 municipales y el despliegue de binomios tierra-aire y sistemas de drones inteligentes con bases de recarga automática; coordinación operativa con cero impunidad, mediante reuniones periódicas de evaluación técnica entre la SSPC federal y la SSP poblana.
Este andamiaje se proyecta en un despliegue con 520 mil acciones operativas ejecutadas entre diciembre de 2024 y mayo de 2026; 6 mil 828 vehículos con reporte de robo recuperados; más de 2 mil unidades aseguradas por su presunta vinculación con actividades ilícitas; 2.8 millones de litros de hidrocarburo recuperados y 358 tomas clandestinas inhabilitadas.
EL ENEMIGO ESTABA ADENTRO DEL GOBIERNO
Si el primer rubro explica el cómo, este segundo explica el porqué del verdadero golpe político de estos 600 días: la delincuencia organizada, en Puebla, no solo se combatió desde afuera de las instituciones. También se persiguió dentro de ellas.
Siete directores de Seguridad Pública municipal han sido detenidos en los operativos de julio y agosto de 2026, todos bajo la sospecha de haber protegido, por acción u omisión, intereses del crimen organizado: Manuel N., de Jopala; Ángel N., de Tlaola; Evencio N., de Tlapacoya; David N., de Chietla; Gonzalo N., de Tehuitzingo, y José Santiago N., de Chila de la Sal, los seis detenidos el 13 de julio y señalados por encubrimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, en investigaciones vinculadas al aseguramiento de laboratorios de drogas sintéticas en la región. A ellos se sumó, el 14 de agosto, Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, detenido por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
El dato que no debe pasarse por alto: las seis primeras detenciones obligaron a la SSP estatal a asumir temporalmente el control operativo de las corporaciones de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal. Es decir, el Estado tuvo que intervenir directamente porque ya no podía confiar en el mando local.
A ese frente se suma la captura de dos presidentes municipales, además de un exalcalde, dentro de la misma ruta de investigación que ha colocado a Puebla en un lugar particularmente relevante dentro de la estrategia de seguridad nacional. Aquí, como en cualquier proceso en curso, debe prevalecer la presunción de inocencia mientras no exista resolución judicial. Pero la cifra, por sí sola, ya envía un mensaje: ni el uniforme ni la banda presidencial son garantía de impunidad.
Puebla está explícitamente alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad que encabezan Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. La entidad dejó de ser, en este rubro, una isla desconectada de la política federal. Las carpetas de investigación avanzan sin freno político, las corporaciones intervenidas deberán recuperar mandos confiables, y el mensaje de cero tolerancia se debe sostener con la misma firmeza cuando el apellido en cuestión no tenga padrino ni cargo que lo proteja.
Nos leemos pronto.
