El llamado que realizó nuestro Gobernador al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado fue claro y contundente.
Ante la inminente elección judicial que habrá de celebrarse el primer domingo de junio de 2027, resulta indispensable que la Judicatura local emprenda una profunda depuración de jueces y magistrados que enfrentan señalamientos fundados de corrupción.
El asunto no es menor.
Más aún si se toma en cuenta que el propio coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, ha señalado públicamente la existencia, en nuestra entidad federativa, de un llamado cártel del despojo, integrado —según sus dichos— por abogados, notarios, jueces y magistrados.
Por ello, el actuar del Consejo de la Judicatura debe ser firme, decidido y sin titubeos.
Bastaría, en principio, con una revisión exhaustiva y seria de las declaraciones patrimoniales de jueces y magistrados para obtener información suficiente que permita iniciar las investigaciones conducentes.
Ahí están los ejemplos:
jueces con mansiones que incluyen canchas de frontón;
otros con residencias de dimensiones tales que cuentan incluso con salones de fiestas privados;
propiedades en fraccionamientos exclusivos, terrenos de alto valor y hasta carritos de golf estacionados a la puerta del domicilio.
O magistrados con más de diez propiedades en la zona de Cholula, incluyendo mansiones en fraccionamientos de lujo como La Vista Country Club, pagadas en efectivo y en dólares.
Otros más propietarios de hospitales privados, fábricas de vino o desarrollos ecoturísticos edificados en pueblos mágicos de los que son originarios.
Sin dejar de mencionar a magistrados de reciente ingreso que, de manera inexplicable, ya cuentan con universidades privadas y han tejido redes de influencia entre jueces y secretarios que les rinden lealtad absoluta.
Y qué decir de aquellos togados con evidentes problemas de dipsomanía, que incluso se atrevieron a contender en la pasada elección judicial del primero de junio de 2025, pese a que en privado despotricaban contra la reforma constitucional en la materia y contra los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.
Quienes militamos en institutos políticos de izquierda y acompañamos a gobiernos —federal y estatal— comprometidos con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, estamos plenamente convencidos de la necesidad impostergable de una depuración profunda del Poder Judicial del Estado, históricamente capturado por mafias que solo buscan satisfacer intereses aviesos y personales.
Como bien lo señalara el Presidente López Obrador: las escaleras se barren de arriba hacia abajo.
Esa limpieza judicial debe comenzar por el propio Consejo de la Judicatura con la remoción de directores que no cumplen con su función, pues resulta inadmisible que, por simples fallas administrativas, cerca de tres mil trabajadores judiciales no recibieron oportunamente el pago de la primera quincena de enero de 2026.
De ahí, la depuración debe continuar con los magistrados —muchos de los cuales litigan de manera indirecta a través de abogados a modo— y posteriormente con los jueces, analizando de forma integral tanto su actuación jurisdiccional como su situación patrimonial.
Para quienes vivimos en la justa medianía, un ejercicio de esta naturaleza no sólo es necesario, sino moralmente reconfortante, al saber que quienes se han enriquecido ilícitamente al amparo del cargo público que ostentan, finalmente enfrentarán consecuencias por su actuación irregular.
Desde luego, es justo reconocer que existe gente valiosa, honesta y trabajadora dentro del Poder Judicial; lamentablemente, muchos de ellos han sido relegados a los distritos judiciales más lejanos por negarse a formar parte de las mafias judiciales que durante años han controlado la institución.
Un aplauso al Gobernador Alejandro Armenta por esta exhortación firme y oportuna.
Hoy, la responsabilidad está en la cancha del Consejo de la Judicatura local, llamado a conducir con legalidad y transparencia la próxima elección judicial en el estado, mediante la cual las y los ciudadanos elegiremos, a través del sufragio directo, a los jueces y magistrados que integrarán el nuevo Poder Judicial Estatal.
Veremos y diremos.
