Gabriela García Guzmán.
El gobierno de Puebla informó que mantiene un análisis jurídico detallado sobre la concesión del servicio de agua potable, con el propósito de identificar posibles irregularidades sin poner en riesgo las finanzas estatales mediante decisiones apresuradas.
La administración estatal señaló que su postura no es de confrontación con colectivos sociales, sino de acompañamiento a las causas relacionadas con la defensa del agua, al tiempo que reiteró su desacuerdo con el esquema de concesión vigente, el cual —indicó— proviene de gestiones pasadas.
Sin embargo, dejó claro que cualquier determinación deberá sustentarse en la legalidad para evitar consecuencias económicas adversas. En ese sentido, la Consejería Jurídica realiza una revisión exhaustiva del desempeño de la empresa encargada del servicio, a fin de detectar posibles incumplimientos contractuales.
De manera paralela, el estado ha puesto en marcha acciones temporales para atender el desabasto en diversas zonas, principalmente a través del suministro de agua mediante pipas y la entrega de tinacos en colonias con mayores necesidades.
Asimismo, se impulsa una estrategia integral en coordinación con los municipios, quienes —con base en el artículo 115 constitucional— tienen la responsabilidad directa sobre los servicios públicos, incluido el suministro de agua.
Como parte de este esfuerzo, la Secretaría de Bienestar estatal realiza acercamientos en territorio para identificar problemáticas específicas y organizar la distribución del recurso de forma más eficiente.
El gobierno también incluyó en su revisión aspectos como la falta de inversión en infraestructura de saneamiento, pese a que este concepto es cobrado a los usuarios, lo que forma parte de los elementos que serán evaluados desde el ámbito legal.
Finalmente, la autoridad estatal subrayó que no existe respaldo hacia la empresa concesionaria, sino una estrategia basada en el cumplimiento de la ley, con el objetivo de proteger el interés público sin comprometer los recursos del estado.
