Estados Unidos dio este miércoles el golpe de gracia a las relaciones bilaterales con México al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narcotráfico. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señala en su escrito, hecho público por el Departamento de Justicia, una lista con nombres y apellidos de funcionarios señalados por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa con protección e información a cambio de apoyo político y sobornos. Entre los acusados está el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) ha respondido que Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de los hombres en la lista, pero que no ha enviado “elementos de prueba” de su culpabilidad. Rocha ha defendido su inocencia y asegura que la acusación es un ataque a la Cuarta Transformación.
Los cargos contra Rocha que han dado a conocer este miércoles Clayton y el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer estas armas. Los delitos tienen una pena mínima de 40 años y la Fiscalía podría llegar a pedir la cadena perpetua. El senador Inzunza, también exsecretario general de Sinaloa, y el resto de funcionarios enfrentan los mismos cargos y penas. Solo el excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán Juan Valenzuela Milán enfrenta acusaciones añadidas por participar en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar de la misma.
La SRE ha asegurado este martes ha recibido las solicitudes de detención con fines de extradición para varias personas por parte del Gobierno de Estados Unidos a través de la Embajada. Sin embargo, ha apuntado que los documentos de Washington no cuentan con elementos que prueben la responsabilidad en los delitos de las personas que reclama. La solicitud será revisada por la Fiscalía General de la República para dilucidar si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano.
Rocha, por su lado, se ha apresurado a manifestar su rechazo a las acusaciones en su perfil de X. Asegura que los cargos de Estados Unidos violan la soberanía de México y atacan al movimiento de Morena. “Carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, ha subrayado en su perfil de X. Inzunza también ha defendido su inocencia en sus redes sociales. “Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes”, ha expresado.
En la lista de funcionarios sinaloenses, todos acusados con los mismos delitos, están también el exsecretario de Administración y Finanzas del Estado, Enrique Díaz Vega; el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía del Estado, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil junto a Juan Valenzuela Milán.
Las autoridades de Estados Unidos señalan que el Cartel de Sinaloa se ha aliado con los políticos y funcionarios “corruptos”, quienes han “vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos” que llegaron a los millones de dólares. También acusan a los agentes de policía mexicanos de participar en la violencia y en las represalias del grupo criminal con secuestros y asesinatos, así como de proteger cargamentos de droga y de permitir que los narcotraficantes cometieran actos de violencia “brutales” a sus anchas y sin consecuencias. Las fuerzas de seguridad recibían órdenes de políticos o fiscales, quienes protegían a los líderes del Cartel de Sinaloa de ser investigados, arrestados o enjuiciados. También los acusan de darles a los cabecillas información clave del Ejército y las fuerzas de seguridad para facilitarles las operaciones.
Terrace Cole, el alfil de Donald Trump en su cruzada contra los carteles de la droga, ha señalado que Rocha fue elegido gobernador de Sinaloa en 2021 con ayuda de Los Chapitos, la facción de los descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán, quines le ayudaron “secuestrando e intimidando a sus rivales”. A cambio, Rocha se reunió con ellos y les prometió protección. Según la investigación de la DEA, el fiscal Zaavedra recibía 11.000 dólares al mes por informar a los miembros del grupo criminal de las operaciones policiales que se planeaban con ayuda de Estados Unidos. Por su lado, el comandante de la policía municipal de la capital del Estado, Juan Valenzuela Milán, cobraba 1.600 dólares al mes por dar acceso ilimitado a sus agentes y que el grupo los usara para “mantener el orden en Culiacán” con arrestos, secuestros y asesinatos.
La acusación formal llega menos de un año después de que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, decidiera declararse culpabletras pasar dos años en la prisión de Illinois, en Chicago. El pequeño de los Guzmán fue el primero de la familia en pactar con el Gobierno estadounidense a cambio de información, y le siguió de cerca su hermano mayor, Joaquín Guzmán López, también miembro de Los Chapitos. Un mes después, el líder de la facción rival del grupo, Ismael El Mayo Zambada, también aceptó declararse culpable para eludir la pena de muerte. “La organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente”, dijo en su confesión, que sirvió de arquetipo para la investigación de la DEA.
Cole ha señalado en el comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos que el Cartel de Sinaloa, en una guerra interna encarnizada entre las facciones del Chapo y de su antiguo socio, es una organización terrorista que se alimenta de la corrupción y el soborno del Estado. “Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades”, ha añadido.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha respaldado el anuncio de los cargos y ha subrayado el compromiso compartido por ambos países en el combate al narcotráfico. “La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, ha zanjado. Los cargos formales han detonado las ya sufridas y tensadas relaciones bilaterales entre ambos países desde la llegada de Trump, agravadas por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua bajo la sospecha de estar participando en un operativo de seguridad sin el conocimiento del Gobierno federal. En ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha cuestionado “la forma en que se dio a conocer” la acusación contra el gobernador y los otros nueve funcionarios -ante la confidencialidad provista en los tratados-, y por eso, ya ha confirmado que enviará una carta de extrañamiento a la Embajada estadounidense. Una estocada final a poco más de un mes de que ambos países inauguren el Mundial de Fútbol de 2026 en el que son anfitriones.
